La construcción, cuestionada desde un inicio, consistió básicamente en la instalación de un container y la edificación de una base de cemento, lo que generó críticas de parte de varios concejales por el “monto pagado” en relación con lo ejecutado.

Según fuentes municipales, la falta de entrega del nuevo espacio estaría vinculada a cuestiones políticas. La encargada del Registro Civil se habría negado a actuar como “operadora política” o a militar para el movimiento del intendente Hernán Rivas, motivo por el cual la administración municipal habría decidido retener el local. En su momento, incluso se llegó a amenazar con desalojar a la oficina del sitio donde actualmente funciona, dentro del predio municipal.

El concejal Adalberto Caballero solicitó en reiteradas ocasiones informes detallados sobre los gastos efectuados en la obra y exigió explicaciones respecto a la falta de entrega del nuevo edificio al Registro Civil. No obstante, hasta la fecha no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

Mientras la disputa política persiste, el nuevo local continúa inutilizado y el Registro Civil sigue operando en condiciones precarias.