La jueza federal José María Sarmiento confirmó por ahora la continuidad en el cargo de Redrado, al extender los plazos procesales de una causa en la que están involucrados el funcionario, el gobierno y la oposición.

La magistrada convirtió este lunes un proceso de amparo, de trámite rápido, en un juicio ordinario, de plazos procesales más extensos, y evitó así expedirse sobre una apelación del gobierno para lograr destituir a Redrado.

La misma jueza había repuesto en el cargo a Redrado el viernes pasado.

"Tengo la tranquilidad y herramientas técnicas y profesionales que van a permitir darle a los argentinos estabilidad monetaria y previsibilidad financiera", había dicho más temprano el funcionario al dirigirse a su puesto en el Banco Central.

Redrado, quien asumió el cargo en 2004, había sido destituido el jueves por Kirchner por negarse a constituir con reservas del Estado un fondo por USD 6.569 millones para pagar parte de los vencimientos de la deuda de 2010, que totalizan unos USD 13.000 millones.

Una apelación ante la jueza Sarmiento permitió al gobernador de la autoridad monetaria retornar a su cargo el viernes, aunque al parecer no cuenta con un apoyo mayoritario entre los miembros del directorio, según la prensa local

A su vez, el gobierno había apelado el sábado contra la restitución del funcionario y esperaba ansiosamente el fallo de la jueza, quien este lunes optó por transformar la causa en un juicio ordinario que seguirá su curso.

El enfrentamiento que amenaza con acabar en la Corte Suprema de Justicia es sobre todo una pelea por la potestad del Ejecutivo para el uso de las reservas del país, valuadas en 48.156 millones de dólares a diciembre de 2009.

"La Argentina necesita imperiosamente salir del 'default', para poder conseguir financiamiento más barato. Ese es el único objetivo para crear el Fondo del Bicentenario (tal su nombre): que Argentina vuelva al mercado de capitales y obtenga tasas más razonables", dijo el lunes la mandataria.

El viernes, la magistrada también dispuso suspender el decreto presidencial que disponía la formación del 'Fondo del Bicentenario'.