Los pedidos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, pero su tratamiento ha sido postergado en varias ocasiones, lo que genera sospechas de una posible maniobra política para evitar sanciones a jefes comunales afines al cartismo. Desde la oposición advierten sobre un posible “blanqueo” de estos casos y exigen que se permita la auditoría sin distinción partidaria.

“Esperamos que no haya corporativismo”, señaló el diputado Raúl Benítez, quien instó a los oficialistas a permitir la fiscalización de sus propios intendentes, en lugar de protegerlos.

Municipios en la mira

Los municipios que serán analizados en la sesión de hoy son:

Ñemby (Central)

El intendente Tomás Olmedo, exdisidente y actual cartista, enfrenta imputaciones por lesión de confianza y estafa. Está acusado de causar un perjuicio patrimonial de G. 700 millones, además de realizar contrataciones por G. 1.300 millones mediante excepción para la iluminación del cerro Ñemby. Su caso lleva más de un año paralizado.

Tomás Romero Pereira (Itapúa)

El intendente Hernán Rivas, padre del senador homónimo, ya había sido salvado de una intervención en 2023. Está acusado de causar un daño patrimonial de G. 2.000 millones, mediante presuntas obras fantasmas y desvío de fondos públicos.

Emboscada (Cordillera)

El intendente liberal Silvio Peña tiene denuncias recientes, aunque sin una causa penal abierta hasta el momento.

Ybyrarobaná (Canindeyú)

El cartista César Machuca fue denunciado por malversación y lesión de confianza. En enero, la Fiscalía allanó la municipalidad en el marco de una investigación por estafa.

Yby Yaú (Concepción)

El intendente opositor Vidal Argüello fue denunciado por supuestas facturas clonadas, aunque tampoco enfrenta una causa penal formal.

Lima (San Pedro)

El intendente Juan Manuel Ávalos, electo por una alianza opositora, cuenta con denuncias de la Contraloría, pero sin investigaciones fiscales. Sectores legislativos señalan que su caso podría usarse como "ficha de cambio" para justificar el blanqueo de intendentes oficialistas.

Acuerdo político bajo la lupa

Varios de estos casos estuvieron congelados por un aparente pacto de “no agresión” entre sectores del Partido Colorado y la oposición, que solo se rompió tras las intervenciones de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este.

Con este nuevo tratamiento, sectores opositores y ciudadanía esperan que se cumpla con la transparencia y se investigue a fondo a los intendentes denunciados, sin distinciones partidarias.